(español abajo)
Witness for Peace reiterates wholeheartedly our solidarity with the Broad Movement for Dignity and Justice (MADJ in Spanish) and their commitment to protecting human rights in Honduras. Since 2008, MADJ has worked extensively to organize communities in order to build a society that’s transparent, dignified, and respectful towards human rights and the environment. Having accompanied and documented the struggle to defend the Mezapa River, which several communities rely on for potable water, we recognize the importance of MADJ’s work to support and advocate for communities defending their rights.
In light of recent defamation campaigns targeting MADJ, specifically Martín and Víctor Fernández, we urge the international community to pay attention and stand in solidarity with them. Defamation campaigns like these are cause for concern because they are part of a dangerous pattern historically exhibited in Honduras. For many human rights defenders and journalists who are the subjects of these campaigns, violence often follows. Most famously, this was evident in the case of Berta Cáceres, who received similar defamation campaigns and threats leading up to her murder in 2016.
Yet, despite being recipients of precautionary measures from the Inter-American Commission on Human Rights, Martín, Víctor, and other MADJ members have already been the subjects of physical attacks and illegal raids. On August 4th of last year, Martín was assaulted by armed men while at one of the Pajuiles encampments. In January of this year, we wrote about the December military raid on the Fernández’s property and the January police attack on Martín and other MADJ members, in which a Honduran security force pointed a gun at Martín, they were tear-gassed, and the windows of their truck were destroyed. Also in January, Ramón Fiallos and Geovanny Diaz, two community members from the areas in which MADJ works, were murdered and their cases continue in impunity.
Ongoing threats and impunity are why the Berta Cáceres Act continues to be necessary. This is why we urge Congress to pass this bill, which would withhold security aid to Honduras until the Honduran government establishes that it protects the rights of human rights defenders, journalists, civil society activists, and others to operate without interference. We also call upon the US embassy and international community to recognize these threats that endanger the lives of human rights defenders, and to do everything in their power to ensure Martín and Víctor’s safety, as well as ensure that the perpetrators are brought to justice.
Acción Permanente por la Paz reitera plenamente nuestra solidaridad con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y su compromiso de proteger derechos humanos en Honduras. Desde 2008, MADJ ha trabajado extensamente a organizar comunidades para construir una sociedad que es transparente, digna, y respetuosa hacia derechos humanos y el medio ambiente. Habiendo acompañado y documentado la lucha a defender el Río Mezapa, del cual muchas comunidades dependen para agua potable, reconocemos la importancia del trabajo del MADJ a apoyar y abogar por las comunidades defendiendo sus derechos.
A la luz de recientes campañas de difamación dirigidas al MADJ, específicamente a Martín and Víctor Fernández, urgimos a la comunidad internacional a prestar atención y solidarizarse con ellos. Campañas de difamación como estas dan motivo de preocupación porque son parte de un patrón peligroso exhibido históricamente en Honduras. Para muchos defensores/as y periodistas quienes son sujetos de estas campañas, la violencia es lo que les espera después de la amenaza Este fenómeno fue evidente en el muy sonado caso de Berta Cáceres, quien recibió campañas de difamaciones similares y amenazas que llevaron a su asesinato en 2016.
Sin embargo, a pesar de ser receptores de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Martín, Víctor, y otros integrantes de MADJ ya han sido objeto de ataques físicos y allanamientos ilegales. En el 4 de agosto del año pasado, Martín fue asaltado por hombres armados mientras estuvo en uno de los campamentos en Pajuiles. En enero de este año, escribimos sobre la incursión militar de diciembre en la propiedad de los Fernández y el ataque policial de enero contra Martín y otros del MADJ, en el que una fuerza de seguridad hondureña apuntó un arma a Martín, fueron atacados con gas lacrimógeno, y las ventanas de su camión fueron destruidas. También en enero, Ramón Fiallos y Geovanny Diaz, dos miembros de las comunidades de las áreas donde el MADJ trabaja, fueron asesinados y sus casos siguen en impunidad.
Amenazas constantes y impunidad son razones por la cual La Ley Berta Cáceres sigue siendo necesaria. Es por eso que urgimos al Congreso estadounidense a aprobar este proyecto de la ley, que negaría la asistencia de seguridad a Honduras hasta que el gobierno hondureño establece la protección de los derechos de defensores/as de derechos humanos, periodistas, activistas de sociedad civil, y otros para operar sin interferencia. Así mismo, instamos a la embajada de los Estados Unidos y a la comunidad internacional a reconocer estas amenazas que ponen en peligro las vidas de defensores/as de derechos humanos, y hacer todo en su poder para garantizar la seguridad de Martín and Víctor, además de garantizar que los autores sean enjuiciados.
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