Por Miriam Taylor, equipo APP México
Imagen de Climate Connections
Conduciendo a través del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, el paisaje parece una ojeada a un futuro no muy lejano. En cada dirección, aerogeneradores dan vuelta afanosamente, sin requerir algún combustible fósil. Como uno de los lugares más ventajosos en el mundo, al parecer ésta sería la manera ideal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y un paso adelante para combatir el cambio climático. Sin embargo, en el clamor global para lograr acceso al mercado de energías renovables, ya han emergido ganadores y perdedores. En el mejor de los casos, las comunidades locales de la región istmeña, en su mayoría gente indígena, han sido sobornadas, obligadas y engañadas para que concedieran sus derechos a la tierra a las compañías eólicas. En el peor, han sido ignoradas, y el gobierno federal y estatal han otorgado los permisos sin consulta previa, libre, e informada, y las comunidades se están resistiendo.
Actualmente, la construcción de los proyectados veintiocho parques eólicos en el Istmo es a medio terminar. Las empresas que los están construyendo son en su mayor parte españolas: Iberdrola, Acciona, Endesa, Gamesa y Gas Natural Fenosa, apoyadas con la inversión internacional de corporaciones que van desde General Electric a Energía Francia y Mitsubishi. Se estima que en términos de energía eólica, la región tiene una capacidad de producción de entre 5.000 y 10.000 megavatios, la cual es suficiente para proveer a 18 millones de personas con luz. Esta electricidad, sin embargo, no estará disponible para el consumo por los habitantes del Istmo. Está destinada a empresas como FEMSA (sucursal de Coca-Cola), Wal-Mart, Heineken, CEMEX y Bimbo.
Después de terminar la Revolución mexicana en 1917, los derechos de los campesinos sobre la tierra se consagraban en la Constitución bajo el Artículo 27 a través de los ejidos (propiedad de uso colectivo). Aunque el gobierno instituyó más adelante algunos programas para permitir que las comunidades privatizaran sus tierras, la mayoría de la población ha decidido no hacerlo, así que los permisos otorgados sin consulta previa son ilegales.
Además del Artículo 27, los derechos de los pueblos indígenas son protegidos bajo la Constitución a través de una enmienda al Artículo 2, la cual establece que, “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para… (V) Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras …” Estas protecciones, no obstante, han sido inefectivas en la práctica. Pedro López Orozco, miembro de la asamblea de Álvaro Obregón, comentó en una entrevista reciente con el Programa de las Américas, “Nosotros como pueblos indígenas hemos visto un alto grado de corrupción en los tres niveles de gobierno. La ley es letra muerta para el Estado.”
Además de la escasez de información sobre los proyectos, se necesita una evaluación de impacto medioambiental para determinar los efectos de los eólicos en la población local, los ecosistemas, y los recursos hídricos. El Istmo es un corredor para aves migratorias y se ha aumentado el índice de las muertes de aves causadas por los aerogeneradores. Los aerogeneradores también requieren de lubricantes y otras sustancias que se han entrado en el mar y en acuíferos. Pescadores también han informado que los peces han empezado a salir de las áreas cerca de los aerogeneradores, presuntamente debido a sus vibraciones. Y aunque investigaciones han mostrado que parques eólicos tienen poco efecto sobre la salud humana en áreas donde hay pocos habitantes, el Istmo cuenta con una población de 3,8 millones de personas, muchas de las cuales viven dentro del área determinada de estar afectada por la contaminación acústica generada por los aerogeneradores— 1.400 metros contra el viento y 2.100 metros en la dirección del viento.
Luego viene la cuestión de los pagos. La gran mayoría de los habitantes del Istmo sobreviven de la agricultura y la pesca. Alquilar la tierra para la construcción de los eólicos podría ser algo positivo para estas comunidades y podría proveer un ingreso muy necesitado en un país donde 75% de los pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza. Corporaciones, sin embargo, han pagado rentas muy bajas, solamente una fracción de lo que hubieran pagado en países como EE.UU. o Dinamarca. Terratenientes informan que han recibido 138 pesos mexicanos (12 dólares) por hectárea por año, lo cual es mucho menos que hubieran ganado al vender la leche producida en ese mismo terreno, por ejemplo.
Las comunidades del Istmo han resistido la marginación desde el principio de este proceso. En 2006, en el municipio de Juchitán, un grupo de vecinos decidía empezar una radio comunitaria con equipo básico, Radio Totopo, para informar a los ciudadanos sobre las noticias del proyecto eólico en su propio idioma (zapoteco). En marzo del año pasado, Radio Totopo fue atacada por la policía estatal y sicarios, quienes destruyeron mucho de su equipo. Muchos de los encargados de la radio han recibido amenazas de muerte o han sido atacados físicamente por grupos que según ellos han sido pagados por las empresas eólicas para intimidarlos.
Como resultado de la colaboración de la comunidad en el proyecto de la radio, se creó la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). Durante varios meses los miembros se turnaban encargándose de una barricada hecha de metal, madera y plástico que prevenía acceso a la zona de construcción de un proyecto planeado por Mareña Renovables, un consorcio de inversiones holandesas, australianas y japoneses. La barricada sobrevivía ataques por la policía municipal, estatal y federal, y por el ejército, sicarios y grupos paramilitares.
La barricada de APPJ, construida para detener el acceso de Mareña Renovables a la zona de construcción de un nuevo parque eólico.
El primero de enero de este año, otro municipio, Álvaro Obregón, daba un siguiente paso. En el espíritu del levantamiento zapatista en Chiapas, la asamblea general invocó al Convenio 169 de las Naciones Unidas y los Acuerdos de San Andrés de 1996, declarándose un municipio autónomo. El pueblo renunciaba su relación con el gobierno federal y estatal y su afiliación con los partidos políticos. Sin embargo, el alcalde actual de Álvaro Obregón, Saúl Vicente Vázquez, no reconoce la validez de la decisión.
La situación en el Istmo tiene varios temas, pero al final del día es sencilla. El gobierno mexicano impulsaba el crecimiento de fuentes de energía alternativa utilizando mecanismos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y proyectos del desarrollo a favor de las corporaciones como Proyecto Mesoamérica. Se abrían las puertas a los inversionistas internacionales, bancos, y corporaciones multinacionales, los cuales se benefician de los proyectos eólicos en muchas maneras. Corporaciones de países desarrollados pueden aprovechar del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, el cual deja que inviertan en proyectos de energía limpia en los países subdesarrollados y utilizar los bonos de carbono que produce el proyecto hacia sus objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y se quedan con las ganancias del proyecto. Las empresas que consumen esta electricidad también pueden recibir Certificados de Energía Renovable que pueden vender a otras entidades.
Sin embargo, la tierra es de la gente que ha vivido, pescado y cultivado allí durante siglos. Si los pueblos fueran incluidos en el proceso con acceso abierto a la información, si fueran dados una porción justa de las ganancias que producen los eólicos, y si las corporaciones pudieran asegurar la protección del medioambiente, el Istmo podría ser un ejemplo para el futuro de la energía renovable. En lugar de esto se ha vuelto en otro caso del neoliberalismo disfrazado como el desarrollo sustentable y los pueblos del Istmo se han comprometido a detenerlo.
Imagen de Asociación Arcera
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