(Descripción: Policia armada en Nueva Armenia, Honduras. Foto: Ofraneh)
Ante los últimos hechos violentos acontecidos en los territorios de las comunidades Garífunas, y que se han dado por agentes de seguridad del Estado de Honduras, seguridad privada y personas vinculadas al crimen organizado para proteger intereses de terceros vinculados al despojo de la tierra ancestral Garífuna, las organizaciones firmantes, mostramos nuestra grave preocupación y condenamos estos ataques en contra de las comunidades Garífunas.
En particular, la comunidad Garífuna de Nueva Armenia ha denunciado públicamente que la Policía Nacional de Honduras ha perfilado, intimidado, amenazado y disparado a personas defensoras de la comunidad, quienes reclaman pacíficamente un predio de su territorio ancestral usurpado por la Empresa Palmas de Atlántida. La situación se agravó cuando, el 6 de octubre de 2024 por la noche, la Policía Nacional disparó con bala viva a las personas defensoras, ocasionando graves heridas hacía dos defensores y por la cual tuvieron que acceder a atención hospitalaria de emergencia. Las personas defensoras siguen viviendo una situación de intimidación y hostigamiento, ya que se sigue reportando presencia militar en instalaciones hospitalarias y en el territorio ancestral Garífuna.
Esta violencia no es nueva, ni una anomalía. Mas bien, es parte de la historica violación al derecho de la autodeterminación del pueblo Garifuna por parte del Estado de Honduras, entre ellas las comunidades aledañas de Nueva Armenia y Cayos Cochinos. En el caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos vs. Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que el Estado no realizó una consulta previa, libre e informada a las comunidades Garífunas para la creación y mantenimiento de un Monumento Natural Marino en Cayos Cochinos, lo cual restringe acceso al territorio para las comunidades Garifunas de la zona y ocasionó un sinnúmero de violaciones por agentes militares y la Fundación Cayos Cochinos. Asimismo, la CIDH solicitó que el Estado adopte medidas para garantizar la libre determinación, reparación de daños y la no-repetición de las violaciones, entre ellas adoptar medidas para que proyectos turísticos, hoteleras y explotación de recursos cesen operaciones. Sin embargo, ha pasado casi un año desde que la CIDH presentó este caso, y las fuerzas policiales del Estado continúan protegiendo intereses de empresas palmeras, contrario a los hallazgos y solicitudes de la CIDH.
Como organizaciones solidarias, quienes por años hemos dado seguimiento a la violencia, persecución y despojo en contra de comunidades Garífunas en Honduras, nos sumamos a las exigencias de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y nos pronunciamos de la siguiente manera:
Denunciamos públicamente la violencia policial y racista ejercida contra defensores, defensoras e integrantes de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia por parte de oficiales de seguridad del Estado y personas vinculadas al crimen organizado;
Pedimos al Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Secretaria de Defensa Nacional, y la Secretaría de Derechos Humanos que garantice la vida, integridad física, psíquica y moral de los y las integrantes de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia y las demás comunidades que reivindican sus derechos;
Instamos al Estado de Honduras realizar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos acontecidos que atentaron contra la vida de las personas defensoras y sancionar a las personas responsables;
Nos preocupa que las acciones por parte de la Policía Nacional y fuerzas especiales, entrenados por EE.UU., incremente la violencia en contra de defensores y defensoras Garifunas quienes reivindican sus derechos sobre el territorio ancestral Garífuna, violentado los derechos de propiedad colectiva y garantías de no-repetición advertidos en las tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Honduras.
Por lo expuesto anteriormente, como organizaciones dedicadas a la defensa del territorio, ambiente y la protección y promoción de derechos humanos en Honduras, Latinoamérica y EE.UU., elevamos nuestras preocupaciones sobre las violaciones que están ocurriendo en Nueva Armenia y nos mantenemos firmes en elevar las luchas del pueblo Garífuna. Desde diferentes partes del mundo, reiteramos nuestra solidaridad con miembros de la OFRANEH, quienes no están ni estarán solos o solas en esta lucha por sus derechos ancestrales.
Organizaciones firmantes:
Honduras Solidarity Network (HSN)
Witness for Peace Solidarity Collective (WfPSc)
Inter-Religious Task Force on Central America (IRTF)
Institute for Policy Studies – Global Economy Program
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Hope Border Institute
Root Causes Initiative
Denver Justice and Peace Committee (DJPC)
Nicaragua Center for Community Action
The Cross Border Network for Justice and Solidarity
Rights Action - Canada / USA
Alliance for Global Justice (AFGJ)
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Latin America Caucus of Interfaith Council for Peace & Justice
Global Exchange
Massachusetts Peace Action – Latin America Caribbean Working Group
La Voz de los de Abajo
Wisconsin Environmental Justice & Infrastructure Initiative
Walnut Way Conservation Corp
Task Force on the Americas (TFA)
Rochester Committee on Latin America (ROCLA)
Grassroots International
Sustainable Agriculture of Louisville (SAL)
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