Por Jessica Garcia
Hace más de un año que en las zonas rurales del Pacífico colombiano se han producido numerosos desplazamientos forzados como consecuencia de la situación de seguridad en la región. En este tiempo, las condiciones de vida para las comunidades rurales que allí existen y resisten han ido empeorando exponencialmente. Sin embargo, las consecuencias no son las mismas para todxs. De las 57.876 víctimas del desplazamiento forzado registradas por la Unidad de Víctimas en los últimos seis años en Buenaventura, el 54 por ciento son mujeres.
Las mujeres y, en particular, las mujeres racializadas son las que siguen asumiendo las peores consecuencias de la violencia generada por las dinámicas del conflicto armado presente en sus territorios. En lo que va del año 2023, se han producido 47 feminicidios en Colombia, encabezando los departamentos de Antioquia y el Cauca las mayores cifras; y al menos cuatro lideresas sociales han sido asesinadas en el mismo período de tiempo, tres de las cuales eran de la región del Pacífico colombiano.
Estas cifras solamente son un mero indicativo de las violencias que sufren las mujeres en Colombia, pero no terminan de dar cuenta de la violencia diferencial que sufren aquellas que habitan en zonas rurales como consecuencia de las dinámicas del conflicto armado, ni tampoco de las estrategias de resistencia creadas y lideradas por las mismas mujeres.
La violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado
“Las mujeres pudimos resistir, sobrevivir del conflicto armado, con nuestro cuerpo como instrumento de guerra para defender a nuestros hijos, para defender a nuestros maridos, para defender a nuestros padres y a nuestros hermanos”.
En estas palabras de la lideresa negra del norte del Cauca, Deyanira Peña Carabalí, podemos escuchar lo que ha significado para ella, pero también para otras mujeres de su comunidad, la vida como mujeres ante el conflicto armado que atraviesa su territorio.
El cuerpo de las mujeres ha sido central en la violencia que se ha ejercido contra ellas en estos contextos,
“La violencia sexual ha operado como una violencia eminentemente comunicativa que le envía a la población y a la víctima un mensaje sobre quién manda en un territorio; el cuerpo ha servido para descifrar entre líneas eso que los actores armados quieren comunicarse unos a otros, a los pobladores y a sus víctimas. En el cuerpo se lee la firma característica de cada uno de los actores armados. Esos cuerpos se debaten entre la borradura y el trauma porque guardar dichos significados es una experiencia terriblemente dolorosa”.
Es necesario recordar que la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado no ha sido ejercida solamente por los grupos armados ilegales presentes en su territorio, sino también por la Fuerza Pública. Como sostiene la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), esta violencia hacia las mujeres y personas LGBTIQ+ constituye un patrón estructural para controlar el orden público y patriarcal y de esa forma subordinar a aquellas personas que participan en la protesta social o en la defensa de los derechos humanos.
Esta violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres atraviesa a toda la región del Pacífico Colombiano. Como dice la profesora Lozano Lerma, el Pacífico es un laboratorio en donde se expresa el nuevo patrón de colonialidad global del poder, pues la región posee una ubicación privilegiada para los intereses estratégicos del capital nacional y transnacional, razón por la cual se constituye en el campo de ejecución de megaproyectos que hacen a la población nativa no sólo prescindible sino un obstáculo necesario de remover en el camino hacia la consolidación de dicho capital .
Los grandes beneficiarios de la violencia
Si tenemos claro que en la región del Pacífico se consolida ese nuevo patrón de colonialidad global del poder del que habla Lerma, y que en este proceso son las mujeres las que sufren en sus cuerpos las peores consecuencias de la violencia que se ejerce en defensa del capital nacional y transnacional, entonces es necesario hacer explícito quiénes son lxs beneficiarixs.
El 54,14 por ciento de los feminicidios y transfemicidios cometido en Colombia entre 2020 y 2022 fueron con armas de fuego, es decir de 1871 casos, 1013 víctimas fueron asesinadas con un arma de fuego. ¿Quién produce y vende las armas con las que hace la guerra y con las que nos matan?
Estados Unidos, seguido por Israel, es el principal mercado proveedor de revólveres y pistolas de Colombia, al menos, en los últimos cinco años. Nuestro vecino del norte sigue siendo uno de los principales referentes de la industria armamentística, es decir la industria de la guerra. Solo entre 2017 y 2021, exportó el 39 por ciento del total de exportaciones de armas a nivel mundial.
Al mismo tiempo, Colombia no solo es el país que más entrenamientos ha recibido entre 2000 y 2020 por parte de los Estados Unidos, sino que también ha sido el mayor beneficiario de la ayuda estadounidense al sector de la seguridad en el hemisferio occidental. Solo entre 2010 y 2020, Colombia recibió 2.970 millones de dólares en ayuda al sector de la seguridad (SSA) de Estados Unidos. Todo ello bajo el argumento de la “guerra contra las drogas”, que como bien sabemos solo ha traído más violencia. Lxs únicxs beneficiadxs siguen siendo lxs que se dedican al negocio de la guerra.
Sin embargo, frente a estos intentos de neocolonizar los territorios y perpetuar la guerra, es en la región del Pacífico donde se han gestado grandes procesos de resistencia comunitaria de base indígena, negra y campesina, ante la ausencia constante del Estado y el avance de los grupos armados por el control territorial. Es allí donde se han tejido procesos de resistencia no-violenta donde las mujeres, como lo dice Deyanira Peña Carabalí, han jugado un rol fundamental.
Cuando las mujeres deciden alzar la voz
Si bien se ha intentado invisibilizar la resistencia no violenta liderada por mujeres, en particular, en esta región de Colombia, ellas siguen alzando la voz para recordar una y otra vez el rol que las mujeres han tenido en la protección de sus familias y sus comunidades, como han tenido que poner el cuerpo para resistir. Porque como bien dice Deyanira, los cuerpos de las mujeres y, en particular, de las mujeres negras han sido instrumentalizados como botín de guerra.
Hoy la situación para mujeres negras, campesinas e indígenas en la región del Pacífico colombiano es extremadamente preocupante. Nada ha cambiado desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 para estas comunidades, pues la violencia no solo continúa, sino que en algunas comunidades ha crecido y, de su mano, también el silencio consecuencia del terror ejercido por los grupos armados presentes en territorio y el silencio incomprensible de un Estado que sabe lo que sucede, pero cuya única respuesta es la militarización del territorio que sólo conlleva más violencia, en particular, para las mujeres.
Como bien lo sostiene LIMPAL, “frenar la violencia armada no significa paz, especialmente para las mujeres y las niñas, quienes viven múltiples tipos de violencias a lo largo de su vida, por múltiples actores y en múltiples escenarios”. Es necesario “Que el cese a las hostilidades que incluya de manera explícita las violencias contra las mujeres y las niñas y enfáticamente la violación y otras formas de violencia sexual”.
Es necesario entender y reconocer que hoy muchas de las mujeres que habitan las regiones rurales del Pacífico colombiano se encuentran en la disyuntiva de resistir en defensa de su comunidad y su territorio y arriesgar la vida en el proceso, o salvar sus vidas a cambio de dejarlo todo en la completa incertidumbre sobre las posibilidades de retorno.
Hasta hoy, muchas siguen optando por permanecer en su territorio a costa de su salud, a costa de su propia vida. Hoy, estas mujeres siguen reclamando que de una vez por todas la paz deje ser puramente discurso y se convierta en una realidad, que de una vez por todas, los cuerpos de las mujeres dejen de ser utilizados como instrumento para la guerra.
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