Jessica García
Fotos: Lukasz Firla
De Colombia a Palestina, de La Guajira a Gaza
“Ellos se llevan el carbón, a nosotros solo nos queda la contaminación y el dolor”. Así resumía los impactos de la minera el Cerrejón sobre las comunidades que habitan la zona, una de las lideresas con las que nos encontramos en nuestra visita a La Guajira, el pasado mes de junio. Allí, las empresas que extraen carbón en la Guajira lo hacen a expensas de la vida de las comunidades que habitan la zona, para venderlo a grandes empresas alrededor del mundo, entre ellas las israelíes que lo usan en la fabricación de armas para un genocidio.
La minera Cerrejón: el comienzo del despojo
La mina de carbón Cerrejón, ubicada en la cuenca del río Ranchería, al sureste del Departamento de La Guajira, comenzó a hacer explotada en la década de los 70. En 1976, después de la apertura de licitaciones por parte del Gobierno colombiano, se firma el contrato de asociación por una vigencia inicial de 33 años entre Carbones Colombianos S.A, CARBOCOL e INTERCOR, filial de Exxon Corporation (hoy ExxonMobil) para la explotación de El Cerrejón Zona Norte. En 1999 se acordó con el Estado colombiano la extensión de la concesión hasta 2034. A partir de ese momento, la actividad minera se intensificó y la empresa pasó a manos de Carbones del Cerrejón Limited, constituida por las empresas Xstrata Plc, BHP Billiton y Anglo American.
La empresa extrae cerca de 108.000 toneladas de carbón diariamente del yacimiento que tiene una extensión aproximada de 69.000 hectáreas, para llevarlo a través del ferrocarril propiedad de Cerrejón, hasta el muelle carbonífero de Puerto Bolívar, en la costa caribeña, que recibe buques de hasta 180.000 toneladas y exportarlo a otros países.
En 2022, la multinacional minera Glencore adquirió la totalidad de las acciones de la minera el Cerrejón que hasta ese momento compartía con BHP y Anglo American. Dicha empresa, cuya casa matriz está en Suiza, sostuvo que esta adquisición era coherente con su estrategia de cambio climático y que se comprometían a reducir su huella de emisiones totales en los próximos años. Hasta el momento, solo parece una nueva estrategia de green washing, pues las comunidades siguen denunciando que no se han escuchado sus demandas. La comunidad de Manantialito ha denunciado el desplazamiento forzado gota a gota de algunas familias debido a los impactos ambientales sobre la comunidad. Por ejemplo, el río que atraviesa su territorio ha ido disminuyendo su caudal y ya no tienen el mismo acceso al agua. La comunidad ha demandado que la empresa reconozca que está en la zona de influencia de la mina y que en consecuencia cualquier expansión de la mina debería ser consultado con la comunidad, pero hasta el momento se lo han negado y la actividad minera sigue afectando sus vidas diarias. Los beneficiarixs del mal desarrollo cambian de nombre, pero no sus prácticas. Lxs perdedorxs siguen siendo las mismas comunidades que sufren el costo del “desarrollo”.
Beneficiarixs del despojo: de ExxonMobil a Glencore y Drummond
La falta de agua se siente, la sequía se siente, el cansancio también. Las comunidades que visitamos lo sienten todos los días. Sin embargo, quienes sacan grandes ganancias de la minera no, pues ellxs no viven allí, no sufren la contaminación de agua, ni el ruido, nada. Como siempre, quienes pagan el costo del supuesto desarrollo no son quienes generan la explotación ni quienes se llevan los recursos.
De acuerdo a una reciente publicación de Naturgas, Drummond y Cerrejón lideraron los ingresos con 16,5 billones y 7,4 billones de pesos colombianos, respectivamente, durante 2023, en el sector minero. Mientras la minera el Cerrejón ha causado impactos terribles sobre las comunidades y hay diversas denuncias sobre la persecución y desplazamiento forzado de quienes han denunciado dichos impactos, Drummond, la otra gran “ganadora” en términos de ingresos, tiene un historial muy similar.
Drummond es una empresa minera de capitales estadounidenses, cuyo principal centro de explotación se encuentra en el departamento del Cesar. Esta compañía no solo tiene denuncias por los impactos ambientales sobre las comunidades circundantes a los centros de explotación minera, sino que también tiene una causa abierta ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), la justicia ordinaria colombiana y estadounidense por la financiación de grupos paramilitares. Dos de sus ejecutivos de cabecera, su actual presidente y su predecesor, fueron acusados por la JEP. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad afirmó en su informe final que “hubo una confluencia entre el aparato militar del Estado, la actuación de grupos paramilitares y la multinacional Drummond para ‘asegurar’ su proyecto extractivo”.
Estas empresas cuyas similitudes pasan por las ganancias que se llevan y el daño que causan para obtenerlas, tienen un nuevo punto en común. Una parte del carbón que sacan a pesar de la resistencia de las comunidades, es exportado a Israel, el gran responsable del genocidio contra el pueblo palestino.
Estas empresas cuyas similitudes pasan por las ganancias que se llevan y el daño que causan para obtenerlas, tienen un nuevo punto en común. Una parte del carbón que extraen a pesar de la resistencia de las comunidades, es exportado a Israel, el gran responsable del genocidio contra el pueblo palestino. En junio pasado se dio a conocer que el 50 por ciento del carbón importado por Israel para utilizarlo en la producción de energía eléctrica provenía de Colombia. La principal empresa importadora israelí es Israel Electric Corporation, la cual provee de energía a las empresas productoras de las armas con las cuales se asesinan palestinxs diariamente. Mientras tanto, en Gaza la gente no solo es asesinada con bombas y armas, sino también a través de la falta de acceso a servicios básicos debido a la destrucción de toda la infraestructura.
Perdedorxs de sur a sur: de Colombia a Palestina
La Guajira
Las comunidades que están alrededor de la mina Cerrejón siguen denunciando los impactos de la actividad minera que lejos está de los intentos de green washing implementados por Glencore, quien es copropietaria de la mina desde 1995. Ya hace unos años, un campesino entrevistado por Democracia Abierta decía “eso de responsabilidad social es una falacia. Ellos dicen que son respetuosos con nosotros y el medio ambiente, y no es así. Ellos vierten mucha agua de residuo minero en nuestros arroyos, eso no es responsabilidad. Ellos son expertos en violar nuestros derechos”. La crisis climática actual, y en este caso la de La Guajira, no ha sido impulsada por la comunidad afectada por la actividad de la mina, sino por la empresa cuyo poder de controlar y extraer los recursos existentes en este territorio está muy por encima de las personas que allí habitan y por lo tanto también la responsabilidad.
La crisis climática actual, y en este caso la de La Guajira, no ha sido impulsada por la comunidad afectada por la actividad de la mina, sino por la empresa cuyo poder de controlar y extraer los recursos existentes en este territorio está muy por encima de las personas que allí habitan y por lo tanto también la responsabilidad.
Por ejemplo, en 2019, en la sentencia t-614-19, la Corte Constitucional de Colombia revisó el fallo de una tutela interpuesta en 2017 por varios integrantes de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Provincial contra Cerrejón, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, por afectaciones graves a la salud y al medio ambiente debido a la extracción de carbón, la entrega de licencias sin seguimiento y sin lineamientos estrictos y la falta de consulta a las comunidades. En esta sentencia queda claro que la empresa utiliza desde hace décadas un mecanismo de extracción a cielo abierto mediante voladura con explosivos, durante las 24 horas, todos los días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado, ruidos constantes y olores prolongados por partículas en suspensión que afectan la salud de la comunidad. Sin embargo, la comunidad sigue sufriendo el impacto de la contaminación, en particular, las mujeres, quienes han visto enfermar a sus hijxs y han sido perseguidas por denunciar dichos impactos sobre la salud de su gente.
En 2021, varias organizaciones colombianas e internacionales denunciaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que las comunidades Wayúu y afrodescendientes estaban resistiendo a un “etnocidio y ecocidio” resultado de la actividad minera del Cerrejón. Al menos 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales y se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del único río del departamento La Guajira, el río Ranchería. La responsabilidad de la crisis climática en esta región de Colombia es clara, no son las comunidades sus causantes, sino una empresa multinacional extractivista.
En 2023, Censat Agua Viva y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), dos organizaciones que han acompañado la lucha de las comunidades indígenas y afrodescendientes en La Guajira, presentaron un informe titulado “¿Cerrejón siempre gana? Entre la impunidad corporativa por la violación de derechos humanos y la búsqueda de reparación integral en tiempos de transición”. Ya en este titular se puede observar la indignación frente a la avanzada extractivista que solo trae beneficios para unxs pocxs y destrucción para muchxs, especialmente para comunidades a las que históricamente se ha intentado someter en beneficio del capital. En este informe se denuncia la relación entre la actual crisis humanitaria que se vive en el departamento de La Guajira y la operación de Glencore, así como la violación sistemática de derechos humanos contra las comunidades Wayúu y afrodescendientes por parte de la empresa. Entre dichas denuncias se menciona que a pesar de las promesas de desarrollo socioeconómico y tras 40 años de explotación minera, el empobrecimiento de las comunidades no solo no ha bajado, sino que se ha profundizado. 40 años de explotación por parte de empresas extranjeras del norte global.
¿Cuál ha sido el costo? La destrucción de todo a su alrededor. No hay vida alrededor de la mina. Las comunidades han sido desplazadas, algunas han conseguido que se las “reubique” en nuevas tierras, como el caso de la comunidad Wayúu de Tamaquito 2, pero aún así han sido despojadas. Otras ni siquiera eso han conseguido y 20 años después de su desplazamiento forzado, como el caso de la comunidad afrodescendiente de Tabaco, siguen exigiendo una reparación integral para la comunidad que fue despojada de su territorio.
En todas estas décadas de explotación, la empresa ha extraído millones de toneladas de carbón que en su mayoría son exportadas a países del norte de global. ¿Cuál ha sido el costo? La destrucción de todo a su alrededor. No hay vida alrededor de la mina. Las comunidades han sido desplazadas, algunas han conseguido que se las “reubique” en nuevas tierras, como el caso de la comunidad Wayúu de Tamaquito 2, pero aún así han sido despojadas. Otras ni siquiera eso han conseguido y 20 años después de su desplazamiento forzado, como el caso de la comunidad afrodescendiente de Tabaco, siguen exigiendo una reparación integral para la comunidad que fue despojada de su territorio.
Sin embargo, aún quienes han sido reubicadxs siguen sufriendo los impactos de la mina, porque la explotación continúa y los que antes estaban lejos, ahora ya no están tan lejos. Otras comunidades, como Manantialito, está sufriendo un proceso de desplazamiento gota a gota, por los impactos ambientales y sobre la salud que tiene la cercanía a la mina y la falta de reconocimiento de la empresa de que la comunidad se encuentra en la zona de influencia. En esta comunidad, el río más cercano se ha ido secando poco a poco, las plantas se mueren, la gente se enferma, respiran carbón. Estos son los impactos de proyectos extractivistas que solo generan ganancias para unxs pocxs, mientras destruyen la vida de comunidades completas.
Genocidio en Palestina
A principios de junio, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que prohibiría la exportación de carbón a Israel hasta tanto cumpliera con las resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia y Naciones Unidas. Así se conoció que el 50 por ciento del carbón importado por Israel proviene de Colombia. Finalmente, en agosto se publicó el decreto que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel. Israel ha utilizado este carbón para la generación de electricidad a través de la empresa Israel Electric Corporation, la cual provee de energía a las empresas productoras de armas que hoy son usadas en el genocidio contra el pueblo palestino.
Israel utiliza este carbón para la generación de electricidad a través de la empresa Israel Electric Corporation, la cual provee de energía a las empresas productoras de armas que hoy son usadas en el genocidio contra el pueblo palestino.
Desde el comienzo del genocidio, el gobierno colombiano ha ido tomando acciones concretas para denunciarlo, entre ellas la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y la prohibición de la exportación de carbón a ese país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y en solidaridad con Palestina, siguen exigiendo que también se rompa con los contratos con empresas militares como Elbit Systems, Israel Aerospace Industries e Israel Weapon Industries que hacen parte de las empresas que sostienen y lucran hace tiempo con el régimen de apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino. Además de ser parte de quienes sostienen el genocidio, son esas empresas las que venden tecnología de vigilancia a América Latina. Por ejemplo, mientras se anunciaba la prohibición de la venta de carbón a Israel, la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional firmó un contrato con la empresa israelí Elbit Systems para el mantenimiento de una plataforma de recepción y análisis de comunicaciones interceptadas.
Hoy, ya más de 40.000 personas han sido asesinadas en Palestina, en su mayoría mujeres y niñxs. Esas muertes se producen con armas, armas producidas por empresas que lucran con la guerra, la mayor parte israelíes y estadounidenses. Esas mismas armas que matan hoy palestinxs, han reprimido colombianxs y latinoamericanxs en general. Como decía una campaña en Argentina, las balas que matan palestinxs, reprimen argentinxs.
Existir es resistir: comunidades colombianas y palestinas resistiendo para vivir
Mientras algunxs intentan hacernos creer que son pueblos distantes y sin ninguna relación entre sí, aquí queremos recordar que no solo hay una gran relación frente a las dinámicas de despojo, sino también entre las resistencias y la defensa de la vida de las grandes mayorías de un lado y otro del océano.
Así como las comunidades indígenas y afrocolombianas resisten en La Guajira frente al proyecto extractivista del Cerrejón, a pesar de haber sido perseguidxs y desplazadxs por décadas, en Palestina, el pueblo originario también resiste frente al avance del proyecto colonizador del Estado de Israel. En ambos casos, las potencias occidentales han sido cómplices del despojo de los pueblos que históricamente han habitado estas tierras de América Latina y Palestina.
Mientras algunxs intentan hacernos creer que son pueblos distantes y sin ninguna relación entre sí, aquí queremos recordar que no solo hay una gran relación frente a las dinámicas de despojo, sino también entre las resistencias y la defensa de la vida de las grandes mayorías de un lado y otro del océano, frente a estas prácticas colonialistas implementadas por grandes empresas extractivistas y por gobiernos afines a proyectos que solo buscan el beneficio para unxs pocxs en base al despojo de nuestros territorios.
Esta situación que viven las comunidades de la Guajira y el César, es el "pan nuesatro de cada día" como reza la sentencia bíblica que se cumple para desgracia y dolor de los pueblos indigenas, negros y campesinos a lo largo y ancho de Colombia. Situaciones herencia terrible de todos los gobiernos anteriores que secuestraron un Estado para su único y exclusivo beneficio y el de los multinacionales y empŕesarios que se lucran del saqueo de los bienes naturales y de las fuerza de trabajo de los trabajadores. Pero no es exclusivo de regiones apartadas y ricas en minerales o hidrocarburos, es también la tragedia de obreros y sus familias, como es el caso de los que laboran en multincionale…